Julio Bonis, Antonio Castro y Luis Suárez Trenor aparecen en el informe de la Guardia Civil junto a políticos de otros partidos
07.05.2019
La presunta trama del cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas dependientes de distintas administraciones autonómicas, entre ellas Canarias, pagadas por la constructora OHL salpica a otros dos exdirigentes de Coalición Canaria y exconsejeros del Gobierno autonómico: Julio Bonis y Antonio Castro. Ambos se suman a un listado de once políticos y altos cargos de diferentes formaciones de corporaciones españolas, entre los que también figura el expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor, como presunto receptor de comisiones ilegales.
En un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entregado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón se señala a los tres políticos nacionalistas, junto a otros de otras regiones y partidos, según recoge el diario ABC. La multinacional habría repartido en sobornos 38,6 millones de euros entre los años 2003 y 2014, según establece la contabilidad intervenida en el registro del domicilio de un exdirectivo de la empresa, Felicísimo Ramos, que se investiga en una pieza separada del caso Lezo por la trama del Canal de Isabel II.
En cuanto a Antonio Castro, histórico de CC, consejero de Infraestructuras en distintas etapas hasta 2007 y expresidente del Parlamento canario, el informe recoge una grabación donde los ejecutivos de OHL hablan sobre el reparto del dinero y que hay que ver "los porcentajes de Antonio Castro".
Sobre Julio Bonis, exconsejero de Sanidad y de Presidencia, y uno de los hombres influyentes de CC durante los años 90, los investigadores de la Unidad Central Operativa lo señalan como presunto colaborador de la trama desde México, donde tiene sus negocios, expone el diario madrileño. A Bonis también se le ha relacionado con las actividades empresariales de Jordi Pujol Ferrusola en México, donde reside el exconsejero desde finales del 2006. En concreto, en el proyecto urbanístico denominado Azul de Cortez, en la región mexicana de Baja California, puesto en marcha por una empresa creada a partir de la empresa Juandro Consultores que el propio Bonis constituyó en ese país, y después a través del grupo Isolux, que se hizo con ella.
A Luis Suárez Trenor, expresidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife y otro histórico de CC los investigados se refieren a una comisión que le habrían abonado por unas obras en el puerto de Granadilla. Trenor también estuvo relacionado con el caso Fórum Filatélico.
Impecables
Antonio Castro negó ayer rotundamente cualquier vinculación con ese tipo de actividades en su época como consejero. "Los procedimientos eran impecables, entonces se hacían de común acuerdo con el Ministerio y nadie puede decir que intervine en cosas como esas", recalca.
La consejería de Transportes y Obras Públicas del Gobierno de Canarias aseguró también recientemente desconocer por completo la causa a la que se refiere la investigación judicial, y señaló que nadie de ese departamento ha sido informado ni llamado a declarar. Las fuentes consultadas expusieron que, si la Audiencia Nacional o cualquier otra instancia judicial lo solicita, se prestará desde la Consejería toda la colaboración que se precise para aclarar los hechos o detectar cualquier posible irregularidad cometida desde ese departamento. Las mismas fuentes aseguran que, a la vista de los datos del sumario, las investigaciones se centran en etapas anteriores a la llegada del actual equipo de la consejería en junio de 2015.
También la multinacional española ha salido del paso de las informaciones difundidas una vez se levantó el secreto del sumario del caso Lezo, en el que originalmente se investiga al expresidente madrileño Ignacio González, señalando que ningún directivo o empleado de la compañía ha sido condenado por algún supuesto de corrupción, y ha mostrado su "absoluto compromiso con la ética, la integridad, la transparencia y las más exigentes prácticas de Buen Gobierno".
Esta pieza separada del caso Lezo surge de los registros en los domicilios del que fuera director de Obra Civil de OHL, Paulino Hernández, y el ejecutivo del área de Control Felicísimo Ramos. Hernández grababa las reuniones que mantenía y Ramos recogía en una memoria portátil la relación de pagos de comisiones ilegales.
En una de las grabaciones, en la que intervienen ambos ejecutivos y con fecha de diciembre de 2006, se escucha a Felicísimo Ramos contar billetes y dárselos a Paulino Hernández para el pago de las "mordidas". Los agentes de la UCO sostienen que OHL contaba con un "presunto sistema de pagos progresivo en función de los compromisos cumplidos por parte del funcionario o cargo público". En las diferentes grabaciones -hasta un total de 23- se señala a políticos y a partidos, en concreto PSOE, Coalición Canaria y PP.
Contratos
La constructora española, una de las grandes multinacionales del sector, ha logrado diversas adjudicaciones en Canarias durante los últimos años. OHL participó en 2009 en la UTE que construyó el primer tramo de la carretera La Aldea-El Risco, en Gran Canaria, que la Consejería de Obras Públicas adjudicó por 87,92 millones de euros. Esta obra forma parte de la carretera GC-2 que unirá Agaete con San Nicolás de Tolentino, proyecto incluido en el convenio en materia de carreteras suscrito entre el Gobierno de Canarias, presidido por Paulino Rivero y con José Ramón Hernández como responsable de la consejería, y el Ministerio de Fomento, cuya titular era Magdalena Álvarez en un gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.
En febrero de 2012 le fue adjudicada la nueva terminal de contenedores de Tenerife por parte de Fomento, cuya titular era ya Ana Pastor -con Gobierno central en manos del PP- y de la comunidad autónoma, aún bajo la presidencia de Paulino Rivero, a través de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
En marzo de 2017, con Gobierno central del PP e Íñigo de la Serna (PP) como ministro de Fomento, OHL logró por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, bajo presidencia del socialista Luis Ibarra, la adjudicación de una nueva línea de atraque en paralelo al dique Nelson Mandela con un importe de 12 millones.
Fuente: La Provincia
