SOS!! Actúa por Hope. Detén nuevo MACROPUERTO en Tenerife y presenta alegaciones



HOPE era una hembra joven de calderón tropical que tuvo que ser sacrificada en el suroeste de Tenerife en marzo de 2019 porque la hélice de un barco le cortó la cola. Podría haber vivido hasta los 60 años, solo nadó hasta los tres o cuatro. Su familia es la mayor población de su especie en Europa y vive todo el año en el suroeste de Tenerife.
Ahora HOPE es un símbolo de la vida marina de estas aguas, que están incluidas en la red europea Natura 2000 como la Zona de Especial Conservación ZEC Teno-Rasca, protegidas por la directiva europea Hábitats y leyes españolas.
El diseño de la ZEC, que se extiende hasta más de 1000 m de profundidad y protege toda la costa suroeste de Tenerife, unos 30 km desde Teno al norte hasta La Rasca al sur, dejó un “agujero” en medio -Fonsalía- entre los pueblos de Alcalá y Playa San Juan, donde se planea la construcción de un nuevo macropuerto. El puerto de Fonsalía tendría impactos directos e indirectos incompatibles sobre hábitats y especies protegidas a nivel europeo y presentes en la ZEC, principalmente sobre: praderas de fanerógamas marinas “sebadal”, tortugas marinas boba y verde, delfín mular y calderón tropical.
Los impactos se darían por destrucción directa de hábitats, incremento de la contaminación química, acústica y lumínica, y por multiplicar el tráfico marino. Más tráfico significaría más colisiones con cetáceos y tortugas, y más presión humana en la ZEC, que ya se ha relacionado con elevados niveles de cortisol (hormonas de estrés) en calderones. Afectar a las especies impactaría además a la observación comercial de cetáceos: la segunda actividad turística en Tenerife, de alto valor económico y social.

Más información y Firmar la petición aquí:https://you.wemove.eu/campaigns/actua-por-hope-deten-nuevo-macropuerto-en-tenerife

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IMPORTANTE: Actualmente se encuentra en trámite de participación ciudadana el documento inicial del plan territorial parcial de ordenación de la operación singular estructurante del polígono de servicios del puerto de Fonsalía. Para más información y presentar alegaciones consulta el anuncio de información pública o puedes consultar el documento del Plan Territorial Parcial de Ordenación de la Operación Singular Estructurante del Puerto y Polígono de Fonsalía.

 Fuentes: Ecologistas en acción y ATAN.

El Puerto de Granadilla se queda sin plataformas petrolíferas


(19/06/19)


Con la salida esta mañana de la plataforma “West Leo” del puerto de Granadilla, se cierra una etapa en la utilización de este controvertido recinto portuario. La citada plataforma se va a Noruega a remolque del potente remolcador oceánico “ALP Guard”, que tiene una potencia de tiro de 300 toneladas y en la maniobra de salida han intervenido otros cuatro remolcadores de la flota de Boluda: “VB Muletón”, “VB Risban”, “VB Tenerife” y “VB Balear”.
La plataforma petrolífera “West Leo” fue la primera que atracó en el puerto industrial de Granadilla, a donde llegó el 21 de noviembre de 2017, aunque se encontraba en el puerto de la capital tinerfeña desde noviembre de 2016. Era una de las ocho que llegaron a estar fondeadas al resguardo de Anaga, en el apogeo de un nuevo ciclo que se ha truncado. Al propietario le sale más barato llevársela a Noruega, como ha hecho con las otras que tenía en Granadilla, pues los costes portuarios son menores.
Durante su estancia en Tenerife, la plataforma “West Leo” ha generado una jugosa factura de ingresos para la Autoridad Portuaria y el servicio de remolque fijo en el puerto de Granadilla, condición impuesta por Capitanía Marítima para que actuase en caso de emergencia. Además de cada una de las maniobras con cuatro remolcadores, más el servicio de practicaje, amarradores, mantenimiento, vigilancia, transportes… 
Juan Carlos Díaz Lorenzo
Foto: David Trillo Gallego


Los malos vientos del Puerto de Granadilla


13/5/19
Eustaquio Villalba
ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza)
El 12 de abril de 2005 ATAN presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias recurso contencioso-administrativo contra la aprobación, por parte de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, del proyecto de Obras de Abrigo del Puerto de Granadilla. Entre los argumentos esgrimidos por la asociación se señalaba la inviabilidad del nuevo puerto debido a los vientos reinantes en la zona lo que dificultaría la maniobrabilidad de los buques y de las grúas; en tal sentido, en la fase probatoria del proceso, ATAN solicitó un peritaje judicial que fue realizado por el prestigioso capitán de la marina mercante, Fernando Lucas Correa, elegido por el Tribunal y costeado con fondos del voluntariado de la asociación. El informe, como se señala en la Sentencia del TSJC, “confirmó los extremos aducidos en la demanda”. Sin embargo, el recurso fue sorprendentemente rechazado e hizo prevalecer, por encima del peritaje independiente, la opinión de la ingeniero de la Autoridad Portuaria y, por tanto, parte interesada. Opinión compartida por el Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla (OAG), empresarios y por los principales partidos en Canarias. Como dejó claro el ex-alcalde del municipio, el socialista Jaime González Cejas: “en las costas de Granadilla, hay una ligera brisa que algunas personas interesadas llaman viento”.
ATAN recurrió la sentencia del TSJC y también fue rechazado por el Tribunal Supremo que condenó en costa a nuestra asociación a pagar una cifra superior a los tres mil euros, algo que supuso más de la mitad de nuestro presupuesto anual. Un golpe económico muy fuerte para una asociación que solo se nutre de las aportaciones de sus socios, y no acepta nada que ponga condiciones a su independencia.
Hace unos, días la Cadena Ser, informaba de las declaraciones del responsable de la empresa Tenerife Shipyards dedicada al mantenimiento de las plataformas petrolíferas en las que “recuerda que los informes del Observatorio Ambiental del Puerto revelan que en la zona los vientos superan los 20 nudos durante más de la mitad del año.” Increible pero cierto, con los mismos datos se llegaban a conclusiones distintas, contradictorias e incompatibles entre sí. El Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla, estuvo dirigido por el ecólogo y defensor de la necesidad de un puerto, aunque ello supusiera sumir graves costos ambientales, el doctor Antonio Machado Carrillo.
En el informe del año 2010 este señor afirmaba que “el proyecto de una nueva infraestructura portuaria en Granadilla, las instituciones legitimadas de la sociedad han otorgado prioridad al interés económico y social sobre el ambiental y han aceptado el impacto negativo sobre el medio natural como coste ambiental insoslayable del proyecto, al considerar que no hay otras alternativas factibles". Tanto es así que este Observatorio reconocía , sin rubor alguno, que en la construcción se empleaban áridos procedentes de canteras ilegales. Por si esto fuera poco, el director del OAG afirmaba en una entrevista: “Ha tenido un valor positivo muy importante. Hasta ahora las obras públicas se hacían con cierta frivolidad ambiental, seguramente por tradición desde la época de Franco, donde nadie rechistaba, porque si se equivocaba el ingeniero se equivocaba Franco, siguiendo la cadena, y el jefe del Estado no podía errar. Granadilla, en ese sentido, ha sido un punto de inflexión, se ha cambiado de mentalidad.” Tiene razón, Granadilla debe ser un punto de inflexión, es intolerable que estos señores no supieran el impacto que ocasionaba el viento en la operatividad de ese puerto. Lo que hace falta es que los informes del impacto ambiental de las obras públicas se hagan de manera más honesta y con más conocimiento de lo que es el medio ambiente. Los hechos demuestran quién tenía razón y quienes, como el OAG, los utilizaron para justificar una decisión disparatada desde el punto de vista ambiental y económico.
El director del OAG es un experto entomólogo especializado en escarabajos, pero su labor al frente de este organismo ha demostrado que sabe poco del impacto que ocasionan estas obras sobre el medio ambiente y ni los condicionantes que el medio ambiente impone a un puerto de esas características. Nada dijo sobre el desplazamiento a Granadilla de las plataformas petrolíferas, ninguna objeción al tráfico de gaseros para abastecer a las plantas suministradoras de electricidad y, sin embargo, los hechos vienen a demostrar que el puerto es inviable por un condicionante que caracteriza ambientalmente a esta zona: el viento. Cuando tomó posesión de su cargo Antonio Machado, dijo (dejando así claro lo mucho que se aprecia) que él era la garantía de la independencia del OAG. Pero la realidad demuestra que solo era el mascarón de proa de los partidarios de la construcción del puerto. Los partidarios del sí al puerto consideraron que era el más capacitado para enfrentarse a los científicos de la universidad, a los ecologistas y a todos los que se oponían a esta obra. Pero fue incapaz de “observar” el suministro de áridos ilegales ni de interpretar correctamente los datos meteorológicos. Según la legislación española los buques gasísticos no pueden operar en el puerto si el viento supera en la escala de Beaufort el grado 5 (vientos entre 29 y 38 km por hora). Por lo tanto, en base a los datos disponibles incluidos los aportados por el OAG, este puerto no es operativo más de la mitad del año para estos buques ni para los grandes portacontenedores.
Los responsables de la empresa que se dedica a la reparación de las plataformas, afirman que la autoridad portuaria les presionó para que trasladaran su actividad al nuevo puerto, una vez que fue inaugurado un ventoso día por el ex-presidente M. Rajoy. Ricardo Melchior, cuando era presidente del cabildo y, posteriormente como responsable de la Autoridad portuaria, dijo que el puerto de Santa Cruz se destinaba a los cruceros, al tráfico de pasajeros y graneles y que se trasladaría al de Granadilla el resto de las actividades portuarias; entre ellas todas las relacionadas con la reparación y mantenimiento de barcos y plataformas. Incluso estaba decidido que el dique flotante se ubicara en el puerto de Granadilla. La negativa de las empresas, y su amenaza de irse al puerto de Las Palmas, les obligó a cambiar de decisión. El traslado suponía la desaparición de la reparación naval en Tenerife y de sus centenares de puestos de trabajo.
Se empeñaron, contra viento y marea, en construir el puerto, ignorando que si escupes contra el viento el escupitajo te cae en la cara. Según la sentencia del TSJC el puerto de Granadilla es legalmente una ampliación (?) del puerto de Santa Cruz que cuesta al contribuyente más de 300 millones de euros, además los tres mil de ATAN. Los hechos demuestran que teníamos razón, que los datos validan el informe pericial y dejan en ridículo la sentencia del TSJC.
Fuente: "eldiario.es"

El presunto pago de comisiones ilegales de OHL salpica a tres excargos de CC



Julio Bonis, Antonio Castro y Luis Suárez Trenor aparecen en el informe de la Guardia Civil junto a políticos de otros partidos

07.05.2019
La presunta trama del cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas dependientes de distintas administraciones autonómicas, entre ellas Canarias, pagadas por la constructora OHL salpica a otros dos exdirigentes de Coalición Canaria y exconsejeros del Gobierno autonómico: Julio Bonis y Antonio Castro. Ambos se suman a un listado de once políticos y altos cargos de diferentes formaciones de corporaciones españolas, entre los que también figura el expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor, como presunto receptor de comisiones ilegales.
En un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entregado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón se señala a los tres políticos nacionalistas, junto a otros de otras regiones y partidos, según recoge el diario ABC. La multinacional habría repartido en sobornos 38,6 millones de euros entre los años 2003 y 2014, según establece la contabilidad intervenida en el registro del domicilio de un exdirectivo de la empresa, Felicísimo Ramos, que se investiga en una pieza separada del caso Lezo por la trama del Canal de Isabel II.
En cuanto a Antonio Castro, histórico de CC, consejero de Infraestructuras en distintas etapas hasta 2007 y expresidente del Parlamento canario, el informe recoge una grabación donde los ejecutivos de OHL hablan sobre el reparto del dinero y que hay que ver "los porcentajes de Antonio Castro".
Sobre Julio Bonis, exconsejero de Sanidad y de Presidencia, y uno de los hombres influyentes de CC durante los años 90, los investigadores de la Unidad Central Operativa lo señalan como presunto colaborador de la trama desde México, donde tiene sus negocios, expone el diario madrileño. A Bonis también se le ha relacionado con las actividades empresariales de Jordi Pujol Ferrusola en México, donde reside el exconsejero desde finales del 2006. En concreto, en el proyecto urbanístico denominado Azul de Cortez, en la región mexicana de Baja California, puesto en marcha por una empresa creada a partir de la empresa Juandro Consultores que el propio Bonis constituyó en ese país, y después a través del grupo Isolux, que se hizo con ella.
A Luis Suárez Trenor, expresidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife y otro histórico de CC los investigados se refieren a una comisión que le habrían abonado por unas obras en el puerto de Granadilla. Trenor también estuvo relacionado con el caso Fórum Filatélico.

Impecables

Antonio Castro negó ayer rotundamente cualquier vinculación con ese tipo de actividades en su época como consejero. "Los procedimientos eran impecables, entonces se hacían de común acuerdo con el Ministerio y nadie puede decir que intervine en cosas como esas", recalca.
La consejería de Transportes y Obras Públicas del Gobierno de Canarias aseguró también recientemente desconocer por completo la causa a la que se refiere la investigación judicial, y señaló que nadie de ese departamento ha sido informado ni llamado a declarar. Las fuentes consultadas expusieron que, si la Audiencia Nacional o cualquier otra instancia judicial lo solicita, se prestará desde la Consejería toda la colaboración que se precise para aclarar los hechos o detectar cualquier posible irregularidad cometida desde ese departamento. Las mismas fuentes aseguran que, a la vista de los datos del sumario, las investigaciones se centran en etapas anteriores a la llegada del actual equipo de la consejería en junio de 2015.
También la multinacional española ha salido del paso de las informaciones difundidas una vez se levantó el secreto del sumario del caso Lezo, en el que originalmente se investiga al expresidente madrileño Ignacio González, señalando que ningún directivo o empleado de la compañía ha sido condenado por algún supuesto de corrupción, y ha mostrado su "absoluto compromiso con la ética, la integridad, la transparencia y las más exigentes prácticas de Buen Gobierno".
Esta pieza separada del caso Lezo surge de los registros en los domicilios del que fuera director de Obra Civil de OHL, Paulino Hernández, y el ejecutivo del área de Control Felicísimo Ramos. Hernández grababa las reuniones que mantenía y Ramos recogía en una memoria portátil la relación de pagos de comisiones ilegales.
En una de las grabaciones, en la que intervienen ambos ejecutivos y con fecha de diciembre de 2006, se escucha a Felicísimo Ramos contar billetes y dárselos a Paulino Hernández para el pago de las "mordidas". Los agentes de la UCO sostienen que OHL contaba con un "presunto sistema de pagos progresivo en función de los compromisos cumplidos por parte del funcionario o cargo público". En las diferentes grabaciones -hasta un total de 23- se señala a políticos y a partidos, en concreto PSOE, Coalición Canaria y PP.

Contratos

La constructora española, una de las grandes multinacionales del sector, ha logrado diversas adjudicaciones en Canarias durante los últimos años. OHL participó en 2009 en la UTE que construyó el primer tramo de la carretera La Aldea-El Risco, en Gran Canaria, que la Consejería de Obras Públicas adjudicó por 87,92 millones de euros. Esta obra forma parte de la carretera GC-2 que unirá Agaete con San Nicolás de Tolentino, proyecto incluido en el convenio en materia de carreteras suscrito entre el Gobierno de Canarias, presidido por Paulino Rivero y con José Ramón Hernández como responsable de la consejería, y el Ministerio de Fomento, cuya titular era Magdalena Álvarez en un gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.
En febrero de 2012 le fue adjudicada la nueva terminal de contenedores de Tenerife por parte de Fomento, cuya titular era ya Ana Pastor -con Gobierno central en manos del PP- y de la comunidad autónoma, aún bajo la presidencia de Paulino Rivero, a través de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
En marzo de 2017, con Gobierno central del PP e Íñigo de la Serna (PP) como ministro de Fomento, OHL logró por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, bajo presidencia del socialista Luis Ibarra, la adjudicación de una nueva línea de atraque en paralelo al dique Nelson Mandela con un importe de 12 millones.
Fuente: La Provincia

Las "malas condiciones" del puerto de Granadilla provocan que cuatro empresas se marchen a Las Palmas



22/04/2019

'Tenerife Shipyards' espera alcanzar un acuerdo con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para instalar, en la capital tinerfeña, el dique flotante que les permita llevar a cabo el trabajo de reparación naval. El director de Desarrollo Estratégico de la empresa, Mario Suárez, alude a la "falta de información" que el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez, carecía y "la poca defensa" que hacía los técnicos. 
Suárez ha defendido nuevamente en la SER que su trabajo no se termine realizando en el puerto de Granadilla. Explica que, según los informes realizados por el Observatorio Ambiental de Granadilla -creado por imperativo de la Unión Europea- "han demostrado" que más de la mitad del año, "un 55%", los vientos en la zona superan los 20 nudos.
Unas condiciones que les impide llevar a cabo la actividad de reparación, por ejemplo, de plataformas petrolíferas. Y ha explicado que el dique flotante es una estructura marítima -"como un barco que levanta otro barco"- por lo que se quedaría expuesto "una vela de 230 metros por 15 metros". Situación que ha llevado a unas "cuatro multinacionales" a dejar Tenerife y marcharse al Puerto de la Luz y de Las Palmas. 
En cuanto a la situación del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Suárez cree que "se puede aprovechar mucho más". Ante esta creencia recuerda que en determinadas épocas del año "lo hemos llenado porque tenemos que aprovechar los recursos que tenemos" y añade que, sin ingresos, "no hay posibilidad de proyectar su ampliación". 
Fuente: Cadena Ser

Las "malas condiciones" del puerto de Granadilla provocan que cuatro empresas se marchen a Las Palmas (CADENA SER, comenta la Plataforma de Defensa del Puerto de SCTF)

El Puerto de Granadilla sigue sin estar operativo al 100% más de un año después de su inauguración




9/04/2019
Más de un año después de su inauguración, el Puerto de Granadilla ni siquiera tiene datos estadísticos del tráfico de buques porque “aún no está completamente operativo”, según explican a este periódico desde la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. La actividad de esta infraestructura se reduce al dique exterior, donde “están atracadas las plataformas y se han realizado desembarcos de aspas para los molinos eólicos”.
Fue el 2 de marzo de 2018, un viernes con mucho viento y fuerte oleaje, cuando el entonces presidente de España, Mariano Rajoy, acudió a Tenerife para inaugurar junto al que fuera máximo mandatario de Puertos del Estado, José Llorca, y al líder del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, el Puerto de Granadilla. Una infraestructura que tardó 17 años en ver la luz, según recordó el presidente de Canarias.
El propio acto de inauguración se vio envuelto en la polémica, cuando el presidente de Puertos del Estado abroncó a un jefe de la Policía Portuaria al comprobar que continuaba la descarga de palas de aerogeneradores, contraviniendo sus órdenes. Se trata de un episodio más que se suma al largo conflicto que envolvió una infraestructura contra la que se posicionaron numerosos colectivos ecologistas, que conformaron, con la Plataforma contra el Puerto de Granadilla a la cabeza, una de las mayores luchas sociales que se recuerdan. 
A principios del siglo XXI, el Puerto de Granadilla, una idea que tiene sus orígenes en los años 70, comienza a tomar forma: se trataba de una infraestructura cuya construcción ocuparía cinco kilómetros de la costa, con diques que se adentraban hasta el mar más de un kilómetros y medio, y se destinaría al tráfico de contenedores y al gas. Para apoyar esta obra, gobernantes y patronales defendían que era necesario descongestionar el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, que, según sus percepciones, se colapsaría en unos años y, además, la posibilidad de que la mercancía entrase por el sur de la Isla supondría un ahorro importante. ya que los vehículos de transporte no tendrían que recorrer tanta distancia.
No tardarían las voces discordantes en manifestar su posicionamiento, al percatarse de que el proyecto no tenía en cuenta las zonas protegidas o las especies amenazadas, que se verían seriamente perjudicadas. Así, una vez el Gobierno regional publica la declaración de impacto ambiental, varios colectivos llevan el documento a la Justicia, al considerar que se vulnera la normativa.
De esta manera, el conflicto entre dos partes bien diferenciadas entra en la vía legal: las administraciones autonómica, isleña y local, es decir, Coalición Canaria, junto a las patronales frente a asociaciones ecologistas, científicos, sindicatos, pescadores o partidos políticos, además de gran parte de la ciudadanía.
Pero los actores que estaban en contra de esta infraestructura no solo tenían argumentos ecológicos o medioambientales. También expusieron manifestaciones económicas, pues tras estudiar el proyecto concluyeron que el fuerte viento que existe en la zona provocaría un gran oleaje que impedirían los trabajos de los buques y, por ende, no sería rentable.
Esta lucha obligó a las administraciones a publicitar cada detalle del proyecto, que cambió sobremanera: se redujo a un tercio del original, ocupando una superficie de 800.000 metros cuadrados y 1.000 metros de muelle de ribera, siendo protegido por un contradique de 1.150 metros y un dique exterior de 2.512 metros, quedando a más de un kilómetro de distancia del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), que afecta a numerosas especies y zonas protegidas.
Sin embargo, la movilización continuó hasta desembocar en un correctivo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que se opuso a la construcción de la regasificadora. Lejos de cambiar nuevamente el proyecto, las administraciones recurrieron ante el Tribunal Supremo, que denegó la autorización de dicha instalación. Ante esta tesitura, el presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Suárez, continúa defendiendo la construcción de la “primera gasinera de Canarias” en Granadilla, postura también compartida por Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife.
De hecho, Alonso desveló que paralelamente al recurso presentado ante el Supremo ya se está es trabajando en un nuevo proyecto que obtenga el visto bueno de la CNMC. Sin embargo, el abogado ambientalista de la Plataforma contra el Puerto de Granadilla, Isidro López Neira, ya advirtió que recurrirían la nueva resolución que se adopte, lo que alargaría el proceso como mínimo durante dos años y medio y, a su juicio, esto juega en contra de los combustibles fósiles como el gas, porque “con el tiempo se van a acabar”, mientras que las renovables “están desarrollándose a gran velocidad”.
Lo cierto es que, a pesar de toda la oposición, el Puerto de Granadilla salió adelante debido al empeño de las autoridades de Coalición Canaria y acogió la primera operativa de carga en noviembre del año pasado. Actualmente, las obras ejecutadas comprenden el contradique, con una longitud de 1.150 metros (comprende 724 m de escollera) y el dique exterior, de 2.512 metros, además de 361 metros de muelle de ribera con un calado de dieciséis metros y una explanada asociada de aproximadamente quince hectáreas. Todo ello ha supuesto un coste de 140 millones de euros. 
Además de prolongar 160 metros el muelle de ribera, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife aprobó el gasto de 22 millones de euros para llevar a cabo los trabajos de defensa y rellenos de explanada, los del viario y redes básicas, además del suministro de vehículos para el parque móvil de la Autoridad Portuaria o la contratación del servicio de ciberseguridad.
Pero ni mucho menos esta infraestructura ha quedado liberada de nuevas polémicas. Y es que entre la Unión Temporal de Empresas adjudicataria de las obras del dique de abrigo del Puerto de Granadilla se encontraba SATO, una filial de OHL investigada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, dentro de la operación Lezo, que tiene bifurcaciones hacia varias comunidades autónomas, entre ellas Canarias.
Fuente: "eldiario.es"

Canarias puedes ser un paraíso de las energías renovables.


Entrevista realizada por Diario de Avisos.

Charlamos hoy con Isidro López Neira, reconocido abogado ambientalista y asesor financiero que ha dedicado buena parte de su vida al ecologismo. Desde el año 2003 participa en ecología política siendo cofundador del partido IR-VErdes que actualmente tiene el gobierno municipal de El Rosario. Es miembro desde su fundación de Equo. Aunque desde hace algunos años López Neira vive en Madrid, ha mantenido su vinculación con las islas y sus muchos problemas ambientales. De hecho es miembro activo de la Plataforma de Ciudadanos contra el puerto de Granadilla, con la que se ha enfrentado social y jurídicamente a la implantación del gas en Tenerife, ganando el pasado año una sentencia en el Tribunal Supremo que impidió la construcción de la regasificadora.Ha denunciado, por ejemplo, que la Declaración de Impacto Ambiental para la planta regasificadora en el puerto de Granadilla se presentó con informes de seguridad opacos e incomprensibles y que no contempla el altos riesgo que existe de que se produzca un accidente con un barco metanero, una situación que se vería agravada por el fenómeno de las tormentas tropicales que están azotando Canarias.

¿Por qué puede Canarias ser un paraíso de las energías renovables?
Canarias tiene unas condiciones inmejorables para lograr la soberanía energética utilizando fuentes de abastecimiento ecológicas y renovables. Prácticamente puede utilizar todo el espectro conocido de energías limpias: la eólica, la solar, la mareomotriz, la geotérmica, la hidroeólica y también la basada en el hidrógeno obtenido por cualquiera de las vías anteriormente mencionadas.

Pero ¿qué pasaría cuando no haya viento o esté nublado, o el mar esté en calma?
El modelo ideal es el que combina distintas fuentes de energía, no el que está basado en una sola. Así tenemos que la energía hidroeólica consiste en bobear agua del mar hacia la montaña a una cota alta para almacenarla en una presa con el fin de luego aprovechar ese agua precipitándola hacia abajo de nuevo para obtener un aprovechamiento hidroeléctrico mediante turbinas , es un procedimiento que permite funcionar a demanda, ya que la energía almacenada en forma de agua en la presa de lo alto de la montaña, permite utilizarla cuando sea necesario. Evidentemente, el bombeo se tiene que realizar mediante energías limpias, no contaminantes. Existe un proyecto de una central hidroeólica para la zona de Costa Cangrejo, que aprovecharía la caída del agua para desalarla. Una fuente geotérmica consiste básicamente en inyectar agua a una profundidad suficiente para que se caliente por el magma, y vuelva a la superficie convertida en vapor caliente para generar electricidad mediante turbinas, es igualmente de energía a demanda, ya que la temperatura del interior de la tierra, se mantiene caliente con estabilidad.

¿Cuál sería el papel de los ciudadanos en este modelo basado en las energías renovables?
Personalmente, prefiero un modelo descentralizado de producción de energía eléctrica en el que sea cada ciudadano el que produzca y almacene la energía que necesite y pueda vender a los vecinos el sobrante de lo que genere. El coste de una placa solar ha bajado considerablemente en los últimos años, y el coste de las instalaciones domésticas, igualmente. Se pueden encontrar en el mercado por unos 5.000 a 7.000 euros, batería incluída. Sobretodo si los vecinos se agrupan para realizar una compra conjunta. Ésto permitiría a las familias romper su dependencia con las multinacionales de la electricidad, y el suministro estaría asegurado en caso de varios días nublados, por los sistemas de producción que hemos comentado de geotérmica e hidroeólica, que también podrían abastecer a la industria y a grandes centros turísticos.

¿Qué papel podrían jugar los aerogeneradores marítimos?
Por supuesto que también hay que contar con los aerogeneradores marítimos o bien a pie de costa, en los que prácticamente hay viento continuamente, teniendo en cuenta las características insulares de canarias. Si además le sumamos la posibilidad de generar electricidad por las olas aprovechando la energía maremotriz, estamos en presencia de un suministro combinado y constante de electricidad para las islas, y todo ello sin prácticamente emisiones de CO2 a la atmósfera y unos combustibles a coste cero. El sol, el viento, las olas y el magma no cuestan nada, no contaminan y son inagotables.

¿Y qué ocurre con el transporte? ¿Con los automóviles, las guaguas, los aviones y los barcos?
Las islas tienen las dimensiones perfectas para la autonomía de los coches eléctricos actuales, se están consiguiendo límites entre 200 y 300 km en los modelos de gama baja y media, llegando a los 400 y más en los modelos de gama alta. Esas capacidades son aceptables para desplazarse por las islas, además teniendo en cuenta que estos automóviles se recargan el las pendientes bajando, y tienen un consumo mayor en los ascensos, en el caso de Tenerife, en el Teide, poniendo unos cargadores de batería, para los automóviles eléctricos aumentaría considerablemente la autonomía de éstos. Si estos vehículos se pueden cargar en cada vivienda con energía fotovoltaica, el coste del transporte para esa familia sería cero euros. Evidentemente habría que ampliar los puntos de recarga de vehículos en las ciudades, y los ayuntamientos, cabildos y Gobierno autonómico tienen que dotar de fondos a esa red de cargadores. Respecto a las guaguas, ya hay varios modelos eléctricos funcionando en distintas ciudades de Europa y se han desarrollado otros prototipos de guaguas que funcionan con pilas de hidrógeno. Igualmente ya hay un tren movido por este combustible en Alemania. Igual ocurre con los aviones y los barcos, ya hay varios prototipos impulsados por hidrógeno. Con el exceso de producción de energía eléctrica se podría producir este combustible por medio de energías renovables para abastecer en el futuro a los baros que atraquen en los puertos de Canarias.

¿Cómo está reaccionando la sociedad y la industria?
La sociedad y la industria han tomado conciencia de que el petróleo y el gas se van a acabar, ya nadie duda de ello, y las multinacionales se están posicionando para no perder su trozo de tarta. Prácticamente, todas las marcas de automóviles tienen varios modelos de vehículos eléctricos y prevén lanzamientos en el futuro, por lo que es muy previsible la sustitución progresiva de los coches con motor de explosión por los movidos por baterías de forma inevitable. Un archipiélago no puede tener una dependencia tan extrema del exterior para producir su energía, porque nos hace vulnerables y nos desprovee de nuestra capacidad de decisión. La transformación del modelo energético es incuestionable, no queda otro camino, las energías fósiles se están agotando pero parece que nuestros gobernantes no se han enterado de ello e insisten en introducir el gas en canarias. ¿Dónde está el interés público de ésto? Con lo fácil que sería convertir las islas en un territorio libre de contaminación donde se podrían experimentar todos los avances en renovables.

Texto: Yurena Díaz.

¿A QUIEN LE INTERESA EL GAS EN CANARIAS?





Por cuarta vez, se produce un dictamen negativo contra la construcción de la regasificadora en el puerto industrial de Granadilla. La primera negativa, se produjo mediante Sentencia estimatoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al recurso interpuesto por esta asociación. La segunda en un primer informe negativo de la CNMC. La tercera con una nueva Sentencia del Tribunal Supremo desestimando el recurso a la primera, que fue impugnado por esta Asociación ganándolo nuevamente en los tribunales. Esta última sentencia dejaba sin efecto la autorización administrativa del proyecto y obliga a Endesa a empezar de nuevo desde cero. La solicitud de la nueva autorización administrativa se ha querido asegurar con un informe positivo de la CNMC, y nuevamente el dictamen ha sido negativo por inviabilidad financiera del proyecto.

Esta actitud es cuanto más temeraria, porque como ya advirtió esta Plataforma en repetidas ocasiones, si se empezara de nuevo el procedimiento, esta asociación e imaginamos que seguramente el resto de organizaciones ecologistas de la isla, iniciaríamos también un proceso jurídico de oposición al proyecto, que probablemente podría durar como mínimo otros seis o siete años. En el mejor de los casos, y suponiendo que en esta ocasión ganara ENDESA nos iríamos a 2025 para su aprobación, más luego los años que llevara su construcción.

Según declaraciones recientes de Pedro Ortega  "el futuro inmediato implica seguir avanzando en más energías renovables gracias a los dos nuevos cupos específicos que saldrán para las islas y que permitirán que nos acercarnos al 45% de penetración de energías renovables en 2025".  Con estas cifras ¿Puede ser rentable en 2025 la construcción de la regasificadora? ¿Puede amortizarse la creación de una infraestructura gasística en la isla?

El gas como el petroleo, como cualquier combustible fósil se está agotando y en los próximos 20 o 30 años se llegará al punto en el que el precio de su extracción dejará de ser rentable porque no podrá competir con las energías renovables. De hecho las energías limpias, ya son las más baratas en la mayoría de los países y están abaratando el coste del recibo de la luz. No puede ser de otra forma el Sol, el viento, las olas y el magma no valen nada, evidentemente las instalaciones para su transformación y distribución tienen un coste, pero ya hace tiempo en una orden ministerial firmada por el  entonces ministro José Manuel Soria, se reconocía que el coste del megavatio producido con combustibles fósiles ascendía a 200 euros, mientras que el producido con la energía eólica costaba solamente 85 euros.

Pero ¿Por qué esta obstinación irracional en desarrollar un proyecto que no es viable económicamente y que en el caso de llevarse a cabo aumentará la pobreza energética de los ciudadanos canarios encareciendo el recibo mensual, por la repercusión de los costes de instalación?

La iniciativa del gas natural parte de Endesa, esta es una empresa propiedad de ENEL que es una empresa italiana que es dueña de su filial española. Veamos algunos datos sobre la empresa italiana, extraídos de su propia web.

“Casi la mitad de la energía eléctrica que produce Enel no da lugar a emisiones de anhídrido carbónico, convirtiendo al grupo en uno de los principales productores de energía limpia del mundo”

“El desarrollo y la gestión de energías renovables de Endesa en España se realiza a través de Enel  Green Power España. Enel Green Power España (100% de Endesa) cuenta con plantas  de generación eólica, hidráulica y solar, con una capacidad total instalada de 1.675 MW y una  producción de 3.441 GWh en 2017.”

“Enel Green Power España construirá sus primeras plantas fotovoltaicas en Extremadura Está previsto que las tres primeras plantas fotovoltaicas de la filial renovable de Endesa en Extremadura entren en funcionamiento antes del 31 de diciembre de 2019. Una vez que estén totalmente operativas, las instalaciones solares, compuestas por alrededor de 372.000 módulos, tendrán capacidad para generar más de 240 GWh por año, evitando la emisión anual de aproximadamente 120.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.”

Sus proyectos de energías renovables no se limitan a España, de su página web sacamos la siguiente información:

“Hoy, en los municipios de Tlaxco y Hueyotlipan, en el estado mexicano de Tlaxcala, se ha iniciado la construcción de la primera central energética de Enel Green Power en la región, el parque solar de 220 MW de Magdalena II.

Compuesto por unos 550.000 módulos fotovoltaicos, el parque solar debería entrar en funcionamiento a finales de 2019 y, una vez en pleno funcionamiento, podrá generar 600 GWh al año, evitando la emisión a la atmósfera de unas 300.000 toneladas de CO2 al año.”

Cabría preguntarse: Señores de ENEL ¿Por qué lo que es válido para Extremadura y Méjico, no lo es para Canarias? Seguramente la respuesta a esta pregunta es un tanto elíptica y habría que buscarla por caminos sinuosos. Hace un tiempo los medios se hacían eco de la visita de unos empresarios iraníes a la isla, manifestando su interés en invertir en la isla ya que disponían de fondos para ello, para comercializar el gas natural de sus reservas. En la noticia se pudo ver a autoridades de la isla de Tenerife paseando por el puerto de Santa Cruz con los ejecutivos iraníes.

Tal vez el gobierno autonómico piensa que es mejor implantar el gas en las islas, a pesar de que todos los informes y análisis rigurosos apuntan en sentido contrario, puede ser que sean nuestros políticos los que están empeñados en la implantación del gas y no la empresa ENDESA cuyos intereses comerciales, lo mismo que los de otras grandes empresas han variado en la dirección de las energías renovables, única puerta al futuro, que asegura su supervivencia.

Desde la Plataforma queremos sacarles de su error, en la isla de Tenerife, pero no sólo en ella, se encuentran las mejores condiciones no solo de España sino posiblemente del mundo para la producción de Energías renovables. Tiene vientos constantes prácticamente todo el año, la diferencia de altura con el nivel del mar permite la instalación de la energía hidroeólica en varias zonas de la isla, la isla tiene las mejores posibilidades de toda España para la energía geotérmica, la profundidad a la que se encuentra el magma permitiría que el agua saliera a la superficie a 180 grados, suficientes para la producción de energía eléctrica. En cuanto a la energía fotovoltaica, es muy difícil encontrar regiones con más horas de sol en España.

Pero es que no queda esto aquí, por la morfología de las islas son ideales para la movilidad, las autonomías actuales  de automóviles y autobuses eléctricos, permitirían perfectamente los desplazamientos dentro de la isla. Además una vez eliminado el impuesto al sol, los automóviles eléctricos podrían ser recargados con  placas solares, con lo que una familia eliminaría el gasto doméstico de electricidad y también el de combustible de su automóvil.

Las islas canarias son el escenario ideal para aplicar y ensayar la implantación de las energías renovables, podríamos ser un referente mundial en un nuevo modelo energético, pero claro, para que ello sea posible, tenemos que convencer a nuestros gobernantes para que miren antes que nada por el interés público.

Isidro López Neira 
Abogado Ambientalista, miembro de la PCCPIG

Plataforma Ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla.


Noticia extraída de ABC, "La CNMC rechaza la planta de gas en Tenerife por inútil" para leer la noticia  pinchar en el siguiente enlace: https://www.abc.es/espana/canarias/abci-cnmc-rechaza-planta-tenerife-inutil-201811100648_noticia.html








¿Ahorro con el gas canalizado? Las medias verdades de Goldman Sachs (Redexis Gas) y sus cómplices locales.



9-4-2018
En un contexto donde el Tribunal Supremo mantiene el no a la autorización administrativa de la regasificadora de Granadilla y la CNMC, ante el temor de que estemos ante una nueva obra injustificada y deficitaria para el sistema gasista, tampoco le da el visto bueno porque falta un estudio de la demanda de gas en la isla y que se demuestre su viabilidad económica.
Con ese marco de fondo el escenario que nos dibuja Goldman Sachs y el gobierno autónomo es el de más infraestructuras para introducir un combustible fósil en forma de gas canalizado, con el argumentario del ahorro económico y menos contaminación, cuando las tendencias futuras indican, como así lo confirma la Agencia Internacional de las Energía Renovables IRENA, dentro de la transición energética en la que nos encontramos, que la reducción de GEI y el  ahorro de costes vendrán de la mano de las tecnologías renovables.
Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Asamblea Ciudadana contra el Gas cuestionamos las bondades del gas canalizado que los portavoces de Goldman Sachs y sus cómplices locales enumeran con amplia presencia en los medios. Sobre todo, cuando insisten en el ahorro como principal argumento para captar, con medias verdades, clientes ingenuos para revalorizar las acciones de su estructura financiera de cara a la venta de Redexis Gas, cuyo proceso parece estar bastante avanzado, al consorcio chino CK Infraestructure Holding (CKI), del magnate Li Ka Shing. Aunque la sentencia del TSJC de 9 de marzo, anulando buena parte del articulado del decreto 345/2015 que regula los trámites de concurrencia y de convocatoria pública de los proyectos municipales de aire propanado, significa un serio revés para los planes de Redexis Gas en las islas.
En la Península existe una cultura del gas canalizado justificada por razones climáticas para la calefacción que es una de los consumos principales de este tipo de energía, pero en Canarias ni existe ni es necesaria como lo reconocía Salvador García, ex director de refinería de CEPSA de S/C, el cual comentaba en una entrevista1 que en las islas no era necesario el gas porque con el buen clima que hay no se producían consumos altos ni en calefacción ni en aire acondicionado, también,  porque no tiene un sector industrial desarrollado y por ser un territorio fragmentado que no justifica las grandes infraestructuras que conlleva esta tecnología y, especialmente, puede ser contradictorio  pues a medida de que aumente el volumen de renovables en los sistemas insulares, el consumo eléctrico con energía convencional se irá reduciendo y eso significa que las inversiones que se hagan para rentabilizar el gas cada vez tendrán menos incentivos, porque el consumo de gas no aumentará, sino que disminuirá.
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  1. Salvador García: ´El gas no es una necesidad para Canarias´ Diario de Avisos, 26/06/12
Independiente de lo que diga la normativa sectorial de aplicación en los proyectos municipales de gas canalizado en ocho localidades de Tenerife y Gran Canaria, los alcaldes y los grupos de gobierno de las administraciones locales afectadas no pueden ser cómplices de la estrategia comercial de una multinacional que al final acabe perjudicando las economías familiares, la de pequeñas y medianas empresas del sector servicios y turismo. Puesto que toda entidad pública debiera velar por el interés general de la ciudadanía y el medio ambiente que es lo que corresponde, también, en cumplimiento de los objetivos de la cumbre de Paris del 2015.
Dentro del argumentario de Goldman Sachs (Redexis gas) y sus cómplices locales para captar futuros clientes del aire propanado, primero, y gas natural después, está el del ahorro que tendrían las familias canarias, las empresas y el sector turístico. Desde un 10% a un 60%, según el combustible sustituido. Porcentajes recogidos en el Decreto 345/2015, de 15 de octubre, y que también señala en declaraciones públicas el director de diversificación de negocio de Redexis Gas, Miguel Mayrata (Diario de Avisos, 26/11/17).
Los porcentajes de ahorro los establecen con respecto a los precios actuales, pero no se comenta nada de cómo van a evolucionar en el futuro y que, tratándose de combustibles fósiles, van a incrementarse con total seguridad, por lo tanto, cuando menos estos proyectos municipales de aire propanado tienen más incertidumbre que certezas sobre sus bondades.
En este sentido, el objetivo de estas líneas, dentro de la estrategia de la política sectorial oficial de incrementar la demanda de gas natural para justificar la regasificadora de Granadilla, es demostrar por qué la creación del subsector gasista en Canarias, con el actual sistema de peajes de acuerdo al Real Decreto 18/2014, al final no se va a ahorrar como nos está contado Redexis Gas sino, todo lo contrario, encarecerá la factura del gas, aumenta la dependencia, obstaculiza el autoconsumo fotovoltaico y dificulta la mitigación del cambio climático.
Cómo se puede estar haciendo estas afirmaciones, medias verdades, cuando sabemos que la tendencia futura de los precios de los combustibles fósiles va a ser la de subir y los de las energías renovables bajar. La Agencia Internacional de las Energías Renovables IRENA reconoce que desde 2010 el coste de la energía solar ha bajado nada menos que un 73%, mientras que, en el mismo espacio de tiempo, el precio del gas doméstico en España ha subido un 50%. ¿No es una temeridad estar vendiendo a las familias y a las empresas el ahorro como una ventaja del gas canalizado cuando nos encontramos en un contexto de transición energética donde las renovables están desplazando a unos combustibles fósiles que representan el pasado, contaminación y cambio climático?. Y lo que es más grave aún, el silencio sobre los peajes del sistema gasista que encarecerán el recibo del gas, es decir, junto al déficit estructural del sistema que actualmente, con el cierre del almacén subterráneo de gas Castor, supera los 2.000 millones de €, los clientes del gas canalizado tendrán que asumir los costes de infraestructuras fracasadas y que en los peajes para el año 2018 significan una factura de unos 388,9 m€ en unos costes globales del sistema estimados en 3.017 m€.
Veamos a continuación los peajes del sistema gasista para el 2018 publicados en el BOE en la Orden ministerial de 27 de diciembre pasado que van a parar injustamente, lo mismo que se hace con la factura de la luz, a los ciudadanos a través de la factura del gas canalizado y que son los siguientes:
  • Regasificadora de Musel, 23,5 millones, infraestructura terminada que no ha entrado en funcionamiento por un recurso estimado por el TS.
  • Almacén Castor, 96,3 millones
  • Déficit del sistema gasista año 2016, 90 millones.
  • Ampliación de las regasificadoras de Cartagena y Huelva, 60,8 millones
  • Laudo arbitral de 2010 a favor de la multinacional gasista argelina Sonatrach y en contra de Gas Natura, 33,5 millones.
  • Déficit acumulado a 2014 del sistema gasista, 79,4 millones y 5,4 millones déficit de 2015.
Los 388,9 millones de € que encarecerán la factura del gas este año y que, en cantidades similares, lo hará en las siguientes anualidades.
En este sentido, Javier García Breva afirmaba con la claridad y contundencia en su artículo “El coste político del gas: el sector siempre gana” 28/11/17. Lo siguiente:
“La baja demanda, la infrautilización de las infraestructuras gasistas, la falta de competencia y la dependencia del gas importado hacen que los peajes del gas en España sean un 45% más caros que la media de la UE, un 50% más caros que en Francia y seis veces más caros que en Alemania, como ha denunciado la asociación Gas Industrial. La mala gestión empresarial y política se traslada siempre a los consumidores finales”
Por otro lado, en otra dirección, observamos como en buena parte de los ayuntamientos europeos y sector económicos se está haciendo justo lo contrario para acercarse al cumplimiento de los objetivos de la cumbre de París de 2015:
  • Ámsterdam tiene ya una planificación para ir sustituyendo progresivamente el gas canalizado por tecnologías más limpias.
  • El recinto ferial de Madrid, Ifema, ha sustituido el gas por geotermia de baja temperatura ahorrando en la factura unos 40.000€ al año y reduciendo en 200 Tm las emisiones de CO2.
  • El sector agrícola holandés que consume el 10% del total del gas del país, especialmente en la climatización de invernaderos, para cumplir los objetivos de emisiones y hacer frente al aumento del precio del gas natural, se está sustituyendo esta tecnología por geotermia consiguiendo ahorros de hasta un 50%.
  • En un comentario sobre el artículo “El gas natural: un 30% de ahorro frente al diésel y un 50% con la gasolina” del Confidencial 4/11/15, se decía lo siguiente: …yo también me acuerdo cuando hace 5 años pagaba menos que la mitad que lo que me clavan ahora por el gas natural que consume mi caldera de casa para la calefacción y el agua caliente. Si llego a saber lo que me esperaba de factura todos los meses, hubiera removido Roma con Santiago para buscar una alternativa más económica…
Con este panorama y que la política energética del 2018, en islas con abundantes recursos renovables, esté justificando la construcción de costosas infraestructuras para la introducción de un nuevo combustible fósil cuando ya Canarias depende en más de un 90% del petróleo, es un indicativo de que el gobierno de turno no está entendiendo los retos actuales del debate energético. Dicha política es errónea y obstaculiza, alargando en el tiempo, la transición de los sistemas insulares hacia un modelo energético basado en la generación distribuida con renovables, el ahorro y la eficiencia.
La consejería de industria y energía del gobierno autónomo y el cabildo de Tenerife, sin política energética propia, lo que están haciendo es apoyar el gas natural porque es necesario para la transición que le interesa a Endesa, REE y Enagás puesto que conserva la generación concentrada en el sistema insular que constituye la base de su monopolio, impidiendo su descentralización que es lo que habría que priorizar en estos momentos a través de la generación distribuida, el ahorro, la eficiencia y el autoconsumo con contadores reversibles para el balance neto y, posteriormente, la digitalización de la energía con las baterías en red.
Por lo tanto, los proyectos municipales de gas canalizado hay que situarlo en el contexto de buscar clientes para incrementar la demanda de gas en Tenerife, quedado en evidencia las medias verdades del argumentario de los que quieren prolongar nuestra dependencia de los combustibles fósiles, al mismo tiempo, que alejarnos del autoconsumo fotovoltaico muchísimo más barato que cualquiera de sus ofertas y, sobre todo, indigna el silencio sobre el incremento que los peajes del sistema gasista producen en la factura del gas canalizado, peajes que estamos padeciendo, también, en la factura eléctrica actual.
En consecuencia, los ayuntamientos y los ciudadanos no podemos participar en una estrategia comercial engañosa que pretende convertirnos en titulares de una deuda, resultado de una mala planificación sectorial, que no se corresponde con los costes de los servicios energéticos que vamos a recibir.
Por Antonio Cabrera, de la Px1NMEC y de la Asamblea Ciudadana contra el gas.

Condenan a Gas Natural a pagar casi 7 millones de euros por la explosión de Gaspar Arroyo.



12-4-2018

Casi once años después de producirse la tragedia, se produce una sentencia histórica en Palencia. El Juzgado de Instrucción número 1 de Palencia ha condenado a la empresa Gas Natural y a la compañía aseguradora Mapfre al pago de casi 7 millones de euros en concepto de indemnizaciones por daños y perjuicios por la explosión de gas del 1 de mayo de 2007 en la calle Gaspar Arroyo.

El suceso que se saldó con nueve muertos y una treintena de heridos,  produjo además el derrumbe tres edificios y cuantiosos daños en otros que tuvieron que ser abandonados durante un periodo de tiempo por sus inquilinos. Estamos ante una resolución “pionera en España”, según la Asociación de Víctimas.
La sentencia no es firme, y contra la misma cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Palencia. Da por probado que se produjo una fuga en la válvula de acometida en el número 4 ante el deficiente estado del tubo de polietileno que se encontraba suelto.
La resolución supone que no se dé credibilidad a la tesis que mantenía Gas Natural que defendió que el origen de la deflagración pudo estar en una bombona. Los demandantes, y en especial la Asociación de Víctimas por la explosión de gas, se apuntan un importante e histórico éxito tras ver cómo la vía penal se archivaba, archivo que fue recurrido sin éxito.
Ahora habrá que esperar a la reacción de Gas Natural, aunque todo apunta a que recurrirá. Las indemnizaciones más elevadas corresponden a Provilsa, con 2,26 millones de euros; al Ayuntamiento de Palencia, 539.000 euros; y a la aseguradora Allianz, con 566.000 euros.