La Plataforma Ciudadana contra el Puerto industrial de Granadilla ha presentado un Recurso Contenciosos Administrativo en el tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra la Resolución del Ministerio de Industria que venía a desestimar el Recurso de Alzada, interpuesto por la plataforma, contra la Autorización de una planta y almacenamiento de Gas Natural Licuado en la zona donde se pretende ubicar el Puerto De Granadilla.
Para la organización social opositora a la construcción del Puerto industrial en el sur de Tenerife, es inadmisible que se desestime el Recurso contra la autorización de la regasificadora, ya que en la propia licencia no se contempla medidas de seguridad alguna, alegando, por parte del ministerio de Industria, que la empresa concesionaria de esta planta, GASCAN, esta elaborando un estudio al respecto, considerado por la plataforma como una burla al intelecto humano, ya que se trata de unas instalaciones cuya peligrosidad es comparada a la de una central nuclear, en lo que a sus posible explosión se refiere, pudiendo alcanzar decenas de kilómetros de distancia los efectos de una posible deflagración.
Para la plataforma ciudadana es incomprensible que no se tenga en cuenta el informe pericial de los vientos reinantes en la zona. Informe que determina que la fuerza del viento en la zona se sitúa entre fuerza 5 y 9, en más del 50% del tiempo del año, llegando a fuerza 10 en algunos casos, siendo respondido por la administración estatal, que el 99,8% del tiempo es totalmente operativo el tráfico naviero en la zona, circunstancia que no se ajusta a la verdad.
La Plataforma Ciudadana contra el Puerto industrial de Granadilla, alega que la entrada del Gas Natural Licuado en Canarias es un impedimento para la implantación de las energías renovables, pues el GNL es un combustible fósil contaminante, cuya vida es limitada y, los recursos económicos empleados en este tipo de plantas debería ir destinados a la investigación e implantación de energías renovables, aprovechando las fuentes naturales que dispone el territorio insular.
La Organización Ciudadana, asevera que en la autorización administrativa para la regasificadora, así como en la Resolución des-estimatoria del Recurso de alzada, no contempla las medidas de seguridad para las personas que residen en las cercanías de la posible ubicación de estas instalaciones, así como para los trabajadores del polígono industrial, ni para los viandantes de la autopistas del sur, que ante una fuga de GNL, éste podría alcanzar distancia kilométricas en su afección, tal y como señalan estudios internacionales y, como se ha podido comprobar en los accidente que ya han ocurrido a lo largo del tiempo y en varios lugares del mundo.
Así mismo es muy fácil demostrar que la introducción del G.N.L no atiende al interés general sino, por el contrario, van en su contra, y además esto es algo a lo que estamos demasiado acostumbrados a presenciar ya en nuestro archipiélago, responde únicamente al interés de una multinacional y unos cuantos políticos y empresarios particulares, en este caso, la empresa UNELCO-ENDESA y a los socios de GASCAN.
Las nefastas consecuencias ambientales, económicas, sociales y energéticas que se derivarían de la puesta en marcha de estas infraestructuras, son tan brutales que nos sentimos en la obligación de continuar luchando por todas las vías posibles para parar este desastre.
Las administraciones públicas y la ciudadanía deberían ir sustituyendo las emanaciones de gases, no sólo para cumplir el protocolo de Kioto, sino para erradicarlas, al tiempo que se debe actuar en la seguridad ciudadana, por encima de los intereses económicos de uno pocos, concluyen los miembros de la Plataforma.
