Podemos considera que la intención del Gobierno de Fernando Clavijo de autorizar la construcción en siete municipios de instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización es un intento de “forzar la legalidad para favorecer un monopolio privado en contra del interés general de la ciudadanía”. Por este motivo, ha dado un nuevo impulso esta semana a la campaña #CanariasSinGas, tanto en las calles de todos los municipios como en las redes sociales, para que la ciudadanía presente alegaciones a la autorización administrativa, que está en periodo de exposición pública hasta el viernes. La iniciativa regional afecta directamente a Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Agüimes, Arona, Granadilla de Abona y Puerto de la Cruz. Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Telde y Agüimes forman parte del llamado pacto de los alcaldes (suscrito por 57 países y 7.958 ciudades), por el cual se han comprometido voluntariamente a aplicar los objetivos climáticos y energéticos de la Unión Europea, para reducir las emisiones de CO2 en al menos el 40% para el año 2030.
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